Por desgracia, el sexting ha vuelto a estar de actualidad. El suicidio de una mujer al no poder soportar la situación creada al difundirse un video íntimo por WhatsApp entre sus compañeros de trabajo ha reabierto el debate sobre los límites de esta práctica. Cuando reenviamos imágenes o vídeos de otra persona por WhatsApp o redes sociales, ¿estamos cometiendo un delito?

Sexting. Reenviar vídeos íntimos por WhatsApp es delito

Sexting y la reforma del Código Penal

El caso Iveco no ha sido el primer caso de sexting en protagonizar el debate sobre una nueva tipología de delitos que pueden calificarse como delitos digitales. Como consecuencia de otro caso mediático, se reformó en 2015 el Código Penal para incluir un nuevo apartado, el 7, al artículo 197.

Este nuevo apartado estableció que la difusión sin autorización de imágenes o grabaciones audiovisuales de naturaleza íntima era constitutivo de delito. Así, el código penal especifica lo siguiente:

  • Pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses
  • Difusión, revelación o cesión a tercero de imágenes o grabaciones audiovisuales
  • Sin la autorización de la persona afectada
  • Cuando han sido obtenidas “fuera del alcance de la mirada de terceros”
  • Si la divulgación menoscaba gravemente la intimidad de la persona
  • Incluso si dichas imágenes o grabaciones se hubieran obtenido con “su anuencia”

La clave: el consentimiento

Con anterioridad a la reforma llevada a cabo era difícil el castigo penal a estas actuaciones. Se entendía que estábamos ante grabaciones consentidas y, por tanto, dicho consentimiento hacía complicada su persecución por los Juzgados.

En estos casos, se aplicaba el artículo 197 del Código Penal. Este artículo hacía referencia a la figura del descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, al existir consentimiento era difícil su castigo porque es figura esencial del tipo penal la falta de autorización.

Algunos Órganos Judiciales, como respuesta a la realidad social y al avance tecnológico, optaron entonces por la teoría del “consentimiento no extensivo”. Esto significaba que si bien se consintió la grabación, el consentimiento no era aplicable a la difusión de la grabación o de las imágenes. Con apoyo en esta teoría se penaban tales difusiones de imágenes o grabaciones por un delito de descubrimiento y revelación de secretos

Con la reforma de 2015 se salvó el obstáculo del consentimiento. Desde entonces, se persigue directamente la distribución de las imágenes o grabaciones sin el consentimiento expreso del afectado sin importar que la grabación hubiera sido consentida.

Mayor seguridad jurídica

Con la redacción aprobada por el legislador, se proporciona una mayor seguridad jurídica al quedar claro el castigo de la difusión de imágenes y grabaciones obtenidas de manera lícita cuando afectan al ámbito más privado de la persona, su sexualidad.

Tal protección es importante en aquellos casos en que quien difunde la grabación es la pareja o expareja. Esto es conocido como venganza pornográfica y se considera un agravante. En los casos en los que es la expareja quien difunde las imágenes o las grabaciones se prevé que la pena será más grave. Así, el Código Penal indica que: “la pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia

Además, es importante señalar que el consentimiento puede ser revocado. Esto supone que si alguien te comunica que ya no le parece bien que tengas ciertas imágenes o grabaciones, estás obligado a eliminarlas.

Cuestión aparte sería el análisis a nivel sociológico para intentar descubrir qué lleva a estas personas a difundir este tipo de videos, y a quien los recibe para seguir distribuyéndolos en lugar de denunciarlo.

Conclusión: cómo actuar

Todos debemos ser conscientes de las armas que nos brinda el Código Penal ante estas actuaciones. Si alguna vez recibimos un vídeo de este tipo debemos denunciarlo y de esta manera paliar el daño que sufre la persona víctima de este delito. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional ponen a disposición de los ciudadanos portales para hacerlo:

En caso contrario, estaremos cometiendo un delito y tendremos que asumir las consecuencias de nuestra conducta.

 

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