Casa hecha con billetes de cien euros

Ríos de tinta han corrido desde que el pasado 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional dictara la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales que afectan al territorio común, reiterando de esta manera las anteriores sentencias dictadas por este mismo Tribunal declarando inconstitucionales algunos preceptos de las Normas Forales de Guipúzcoa y Álava.

Pero, ¿por qué ha emitido esta sentencia el TC? Pues para poder entenderla, primero debemos analizar qué es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o la más comúnmente conocida plusvalía municipal, pudiéndola definir de manera sencilla como el tributo local cuyo objeto es gravar los incrementos de valor de los terrenos urbanos que sufrieran los bienes inmuebles en el momento de la venta.

Sin embargo, la forma de calcular la liquidación de este impuesto conlleva que muchos contribuyentes tengan que pagar por un incremento de valor que no se ha producido. Es decir, que en lugar de una plusvalía lo que haya habido sea una minusvalía, ya que el cálculo se basa en un criterio temporal, esto es, en el número de años que el citado terreno haya estado en manos del vendedor, y no en el valor que tuvo en el momento en que se compró.

Este hecho es el que le ha servido básicamente de argumento al TC para dictar la citada sentencia, alegando que el IIVTNU contradice el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula realmente a la existencia de un incremento de valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Por lo tanto, este impuesto se declara parcialmente inconstitucional y se veta su aplicación cuando en la transmisión no se produce un incremento de valor, es decir, cuando hay pérdidas.

Entonces, ¿cómo puedo recurrir cuando ya he pagado el impuesto de plusvalía municipal habiendo pérdidas en la transmisión?

En primer lugar, se deberá presentar un escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos ante el Ayuntamiento correspondiente, siempre que no haya prescrito (antes de los 4 años desde que finalizó el plazo para presentar la autoliquidación).

Así seguimos la vía administrativa, y en el caso de que el Ayuntamiento desestime la solicitud de rectificación, podrá interponerse un recurso de reposición en el caso de ayuntamientos de régimen común o una reclamación económico-administrativa en el caso de los ayuntamientos de gran población.

Si esta vía queda también desestimada, hay que acudir a la vía judicial en la que se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo.

¿Y cuál es el futuro del IITVNU?

Pues Hacienda y el Gobierno ya trabajan con los Ayuntamientos para modificar la forma de cálculo de este impuesto, pero sin entrar en la variación de los tipos de gravamen a aplicar, ya que estos son competencia de las corporaciones locales. Por otro lado, tampoco se contempla su supresión, puesto que éste aporta cerca de 2.000 millones de euros a las arcas municipales.

 

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