">Plusvalía municipal: La inconstitucionalidad del IIVTNU

Inconstitucionalidad del  IIVTNU cuando la cuota a pagar es superior a la ganancia real obtenida

El Tribunal Constitucional ha declarado en reciente Sentencia de 31 de octubre de 2019 (STC nº 1020/2019) la inconstitucionalidad de otro precepto que regula el IIVTNU, el art. 107, 4º del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, precisamente el que establece las reglas de cálculo en función de los porcentajes anuales que cada Ayuntamiento determina junto con el valor del terreno. 

plusvalía municipal

Antecedentes sobre la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan el IIVTNU (artículos 107, 1º y 2º y 110, 4º TRLHL)

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo que, según su configuración normativa, grava el “incremento de valor” que experimenten los terrenos (art. 104.1 TRLHL) durante un período máximo de 20 años (art. 107.1 TRLHL), y que se pone de manifiesto “a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos”.

Según dichos artículos, existe gravamen y por tanto, hecho imponible que da lugar a tributación por el hecho de ser titular del terreno durante un intervalo temporal, y ello, en base a una normativa que cuantifica de forma automática el importe sobre el valor que tenga el inmueble a efectos del IBI (art. 107,2,a y art. 4 del TRLHL) 

Con esas reglas, siempre correspondía abonar el impuesto al contribuyente, pues no permitía acreditar un resultado diferente. De ahí que se sucedieran numerosas impugnaciones debido a las dudas suscitadas sobre la aplicación del contenido de dichos preceptos que regulan el impuesto y sobre su constitucionalidad, en relación a los supuestos de gravamen de una situación de no incremento o de decremento en el valor de un terreno de naturaleza urbana, dando lugar a diversos pronunciamientos judiciales, pero que finalmente han tenido respuesta en las sentencias, especialmente relevantes del Tribunal Constitucional y matizadas por el Tribunal Supremo. 

Así, en relación a los supuestos en que no ha existido incremento o en casos de decremento, ha sido determinante la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107,1º y 2º y art. 110.4 del TRLHL, al impedir a los sujetos pasivos que pudiesen acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (FJ 5.b), que fue matizada por el Tribunal Supremo en Sentencia 1163/2018 (a la que han seguido otras posteriores), fijando que la base y fundamento de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/17 es la vulneración del principio de capacidad económica, y en consecuencia, los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, son de inconstitucionalidad y nulidad parcial (pero sí son constitucionales y plenamente aplicables, en los supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE). Y, respecto del artículo 110.4 del TRLHL, se declaró inconstitucional y nulo total, porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene, porque impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica. La nulidad total de este artículo es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar (a partir de esta sentencia del TC) la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.

Con arreglo a esa doctrina y criterios, el contribuyente es quien tiene que probar que no ha habido incremento o que no ha experimentado aumento de valor, y asimismo, para acreditar que no hay plusvalía es válida cualquier prueba, como las escrituras públicas de adquisición y transmisión, prueba pericial o cualquier otra válida en derecho, recayendo posteriormente en la Administración la carga de probar en contra.

En cuanto al método de cálculo de la cuota tributaria de este impuesto, éste ha sido cuestionado desde siempre por ser un sistema contradictorio con el principio constitucional de capacidad económica, como en los casos en que, pese a la existencia de ganancia en la transmisión del inmueble, se grave rentas irreales. Ha sido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31-10-19 la que ha abordado la inconstitucionalidad, como se analiza a continuación. 

Supuesto de hecho de la sentencia TC 1020/2019 de 31-10-2019. Alcance de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107, 4º TRLHL

La situación que ahora analiza el Tribunal Constitucional en esta sentencia está referida a un supuesto de venta de un inmueble con ganancia, en el que la diferencia entre el precio de venta y el de compra es inferior al valor calculado por el Ayuntamiento en la liquidación del impuesto, pues, por aplicación de las reglas objetivas de cálculo del art. 107, 4º en relación con el art. 108,1 TRLHL del IIVTNU, la cuota tributaria resultante es superior a la ganancia patrimonial efectivamente obtenida por el sujeto pasivo en la transmisión del inmueble, por lo que se estaría exigiendo al sujeto pasivo que cumpla con su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante la imposición de una carga “excesiva o exagerada” (FJ4).

La sentencia, deja claro que, “en ningún caso puede el legislador establecer tributos tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo: en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia, de manera que, de no haberse producido un incremento real en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada dejaría de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica consagrado en el art. 31.1 CE”. 

Por ello, aplicado al caso sometido a debate, declara inconstitucional la regla de cálculo del art. 107,4 TRLH, por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente (FJ5).

La inconstitucionalidad se extiende a la forma de determinar la base imponible del impuesto (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo, en relación con el art. 108,1) puesto que por aplicación de la misma se deriva un incremento de valor -de la cuota tributaria resultante- superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo en la transmisión del inmueble, y por ello, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo (art. 31.1 CE). 

Además, la sentencia señala que, para determinar la ganancia neta obtenida por el contribuyente hay que computar determinados gastos inherentes a ambas operaciones, es decir, los gastos y tributos soportados tanto al momento de la adquisición como al de la transmisión, como: gastos de cancelación de la hipoteca, del registro de la propiedad, gastos para obtener el certificado de calificación energética, gastos del ITPyAJD por la adquisición, y del registro de la propiedad. 

Por tanto, para el cálculo de la ganancia realmente obtenida además del precio de compra y el de venta, hay que adicionar los gastos en que incurrió el contribuyente en la compraventa.

En cuanto al alcance del fallo de la sentencia, se establece limitación temporal respecto al mismo, al señalar que “únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme” (FJ5,a).

El Tribunal Constitucional, asimismo, recuerda al legislador la necesidad de abordar la reforma de las leyes para adaptar el régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en varias sentencias.

Síntesis de la doctrina expuesta en la STC 1020/2019 

  • Se declara inconstitucional el art. 107,4 TRLHL por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE), en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por dicho impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente.
  • El Tribunal advierte que en ningún caso, puede el legislador establecer tributos tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, rechazando que sea aceptable gravar una renta “irreal o inexistente”.
  • Para determinar la ganancia neta obtenida por el contribuyente, se computan los siguientes gastos: de cancelación de la hipoteca, del registro de la propiedad, gastos para obtener el certificado de calificación energética, gastos del ITPyAJD por la adquisición, y del registro de la propiedad. 
  • La doctrina expuesta en la sentencia sólo podrá ser revisada y aplicable a los supuestos de aquellos contribuyentes que, habiendo reclamado o recurrido este impuesto en tiempo y forma, todavía no tengan resolución que haya adquirido firmeza a la fecha de su publicación. 

¿Qué contribuyentes pueden reclamar en base a esa doctrina? 

  • Contribuyentes que tengan iniciada la reclamación o impugnación del IIVTNU en vía administrativa y todavía no tengan resolución firme, o que habiendo instado el recurso judicial (y se encuentren en fase procesal que les permita efectuar alegaciones al respecto) no hayan obtenido resolución firme.
  • Contribuyentes cuya cuota del impuesto sea superior a la ganancia patrimonial realmente obtenida con la trasmisión. 

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