Inconstitucionalidad del  IIVTNU cuando la cuota a pagar es superior a la ganancia real obtenida

El Tribunal Constitucional ha declarado en reciente Sentencia de 31 de octubre de 2019 (STC nº 1020/2019) la inconstitucionalidad de otro precepto que regula el IIVTNU, el art. 107, 4º del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, precisamente el que establece las reglas de cálculo en función de los porcentajes anuales que cada Ayuntamiento determina junto con el valor del terreno.  

plusvalía municipal

Antecedentes sobre la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan el IIVTNU (artículos 107, 1º y 2º y 110, 4º TRLHL)

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo que, según su configuración normativa, grava el “incremento de valor” que experimenten los terrenos (art. 104.1 TRLHL) durante un período máximo de 20 años (art. 107.1 TRLHL), y que se pone de manifiesto “a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos”.

Según dichos artículos, existe gravamen y por tanto, hecho imponible que da lugar a tributación por el hecho de ser titular del terreno durante un intervalo temporal, y ello, en base a una normativa que cuantifica de forma automática el importe sobre el valor que tenga el inmueble a efectos del IBI (art. 107,2,a y art. 4 del TRLHL) 

Con esas reglas, siempre correspondía abonar el impuesto al contribuyente, pues no permitía acreditar un resultado diferente. De ahí que se sucedieran numerosas impugnaciones debido a las dudas suscitadas sobre la aplicación del contenido de dichos preceptos que regulan el impuesto y sobre su constitucionalidad, en relación a los supuestos de gravamen de una situación de no incremento o de decremento en el valor de un terreno de naturaleza urbana, dando lugar a diversos pronunciamientos judiciales, pero que finalmente han tenido respuesta en las sentencias, especialmente relevantes del Tribunal Constitucional y matizadas por el Tribunal Supremo. 

Así, en relación a los supuestos en que no ha existido incremento o en casos de decremento, ha sido determinante la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107,1º y 2º y art. 110.4 del TRLHL, al impedir a los sujetos pasivos que pudiesen acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (FJ 5.b), que fue matizada por el Tribunal Supremo en Sentencia 1163/2018 (a la que han seguido otras posteriores), fijando que la base y fundamento de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/17 es la vulneración del principio de capacidad económica, y en consecuencia, los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, son de inconstitucionalidad y nulidad parcial (pero sí son constitucionales y plenamente aplicables, en los supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE). Y, respecto del artículo 110.4 del TRLHL, se declaró inconstitucional y nulo total, porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene, porque impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica. La nulidad total de este artículo es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar (a partir de esta sentencia del TC) la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.

Con arreglo a esa doctrina y criterios, el contribuyente es quien tiene que probar que no ha habido incremento o que no ha experimentado aumento de valor, y asimismo, para acreditar que no hay plusvalía es válida cualquier prueba, como las escrituras públicas de adquisición y transmisión, prueba pericial o cualquier otra válida en derecho, recayendo posteriormente en la Administración la carga de probar en contra.

En cuanto al método de cálculo de la cuota tributaria de este impuesto, éste ha sido cuestionado desde siempre por ser un sistema contradictorio con el principio constitucional de capacidad económica, como en los casos en que, pese a la existencia de ganancia en la transmisión del inmueble, se grave rentas irreales. Ha sido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31-10-19 la que ha abordado la inconstitucionalidad, como se analiza a continuación.  

Supuesto de hecho de la sentencia TC 1020/2019 de 31-10-2019. Alcance de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107, 4º TRLHL

La situación que ahora analiza el Tribunal Constitucional en esta sentencia está referida a un supuesto de venta de un inmueble con ganancia, en el que la diferencia entre el precio de venta y el de compra es inferior al valor calculado por el Ayuntamiento en la liquidación del impuesto, pues, por aplicación de las reglas objetivas de cálculo del art. 107, 4º en relación con el art. 108,1 TRLHL del IIVTNU, la cuota tributaria resultante es superior a la ganancia patrimonial efectivamente obtenida por el sujeto pasivo en la transmisión del inmueble, por lo que se estaría exigiendo al sujeto pasivo que cumpla con su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante la imposición de una carga “excesiva o exagerada” (FJ4).

La sentencia, deja claro que, “en ningún caso puede el legislador establecer tributos tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo: en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia, de manera que, de no haberse producido un incremento real en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada dejaría de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica consagrado en el art. 31.1 CE”. 

Por ello, aplicado al caso sometido a debate, declara inconstitucional la regla de cálculo del art. 107,4 TRLH, por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente (FJ5).

La inconstitucionalidad se extiende a la forma de determinar la base imponible del impuesto (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo, en relación con el art. 108,1) puesto que por aplicación de la misma se deriva un incremento de valor -de la cuota tributaria resultante- superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo en la transmisión del inmueble, y por ello, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo (art. 31.1 CE). 

Además, la sentencia señala que, para determinar la ganancia neta obtenida por el contribuyente hay que computar determinados gastos inherentes a ambas operaciones, es decir, los gastos y tributos soportados tanto al momento de la adquisición como al de la transmisión, como: gastos de cancelación de la hipoteca, del registro de la propiedad, gastos para obtener el certificado de calificación energética, gastos del ITPyAJD por la adquisición, y del registro de la propiedad. 

Por tanto, para el cálculo de la ganancia realmente obtenida además del precio de compra y el de venta, hay que adicionar los gastos en que incurrió el contribuyente en la compraventa.

En cuanto al alcance del fallo de la sentencia, se establece limitación temporal respecto al mismo, al señalar que “únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme” (FJ5,a).

El Tribunal Constitucional, asimismo, recuerda al legislador la necesidad de abordar la reforma de las leyes para adaptar el régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en varias sentencias.

Síntesis de la doctrina expuesta en la STC 1020/2019 

  • Se declara inconstitucional el art. 107,4 TRLHL por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE), en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por dicho impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente.
  • El Tribunal advierte que en ningún caso, puede el legislador establecer tributos tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, rechazando que sea aceptable gravar una renta “irreal o inexistente”.
  • Para determinar la ganancia neta obtenida por el contribuyente, se computan los siguientes gastos: de cancelación de la hipoteca, del registro de la propiedad, gastos para obtener el certificado de calificación energética, gastos del ITPyAJD por la adquisición, y del registro de la propiedad. 
  • La doctrina expuesta en la sentencia sólo podrá ser revisada y aplicable a los supuestos de aquellos contribuyentes que, habiendo reclamado o recurrido este impuesto en tiempo y forma, todavía no tengan resolución que haya adquirido firmeza a la fecha de su publicación. 

¿Qué contribuyentes pueden reclamar en base a esa doctrina? 

  • Contribuyentes que tengan iniciada la reclamación o impugnación del IIVTNU en vía administrativa y todavía no tengan resolución firme, o que habiendo instado el recurso judicial (y se encuentren en fase procesal que les permita efectuar alegaciones al respecto) no hayan obtenido resolución firme.
  • Contribuyentes cuya cuota del impuesto sea superior a la ganancia patrimonial realmente obtenida con la trasmisión. 

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4 comentarios

  1. Buenas tardes:

    Después de 20 años de titularidad, no hay plusvalía municipal porque no se produce el hecho imponible, ya que no se manifiesta el incremento de valor potencial.

    STC 58/2017 Fundamento 3, párrafos 3 y 4

    «Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el
    objeto del impuesto analizado es el «incremento de valor» que pudieran haber
    experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese «incremento» sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el ‘incremento de valor’ de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno
    transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3).»

    «Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que «los preceptos cuestionados
    fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente ‘de acuerdo con su capacidad económica’ (art. 31.1 CE)». De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado artículo 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3)…. «.

    Se destaca, por mi parte que la transmisión, según el TC, no es bastante. en el momento de la trasmisión se tiene que materializar un incremento, al menos potencial.

    Dicho incremento potencial no se manifiesta ni antes de un año , ni después de VEINTE (20) años.

    Saludos.

    1. Buenos días,

      En primer lugar, agradecerle su comentario, y aprovechando el mismo, puntualizarle que la sentencia comentada en el blog sobre la inconstitucionalidad de los artículos 107,1, 2, a) y 107,4 del TRLHL, se deriva de la discutible restricción que hizo la STC 59/2017 (que Ud. por error numera como 58/2017) sobre el alcance de la inconstitucionalidad de los preceptos 107,1 y 2,a), “ únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

      Desde entonces, se han sucedido otras, pues se han dado otras situaciones para las que tal limitación no cubría todas las posibilidades en que cabría estimar la inconstitucionalidad.

      En efecto, como Ud señala, no es suficiente que exista incremento de valor en el momento de la transmisión para considerar que hay hecho imponible que dé lugar al impuesto (según cálculo contenido en los preceptos), ni siquiera potencial, pues lo potencial no es real y además puede devenir inexistente o ficticio.

      Lo cierto es que los ciudadanos implicados en las transmisiones sujetas al IIVTNU sufrimos injustificadamente la incertidumbre de una regulación aún pendiente.

      Un saludo.

      1. Buenas noches:

        Mis disculpas por el error en la numeración de la sentencia. 59/2017.

        En segundo lugar, he poner de manifiesto que lamentablemente no se ha entendido al Tribunal Constitucional, ni se ha entendido lo que por mi parte se ha puesto.

        Para no repetir, solamente se trae la última frase del comentario anterior

        «Dicho incremento potencial no se manifiesta ni antes de un año, ni después de VEINTE (20) años.»

        Si no se manifiesta después de 20 años, nadie lo puede ver.

        Lo que hacen las personas es asociar lo que se ve hasta los 20 años a períodos de tiempo en los que ya no se manifiesta.

        Para ello, se toma la base de tiempos con origen en la transmisión anterior y según la regla 3 del art. 107-4 se tiene que tomar el porcentaje anual que corresponda al momento de la transmisión.

        El origen de tiempos está marcado por la regla 1ª.

        Supongamos que se pone de manifiesto un incremento de valor potencial en una transmisión de 40 años. Regla 1ª del art. 107-4

        Si se ha puesto de manifiesto en el año cuarenta se ha de tomar 40. Pero se va a la tabla del art. 107-4 y solamente hay porcentaje anual asignado hasta 20 años. El año 40, el período de 40 años, no tiene asignado porcentaje.

        Si no hay porcentaje anual, en el año 40, no se puede calcular. Por lo tanto se ha de concluir que no se ha puesto de manifiesto. Lo que contradice el supuesto que se ha hecho.

        Más claro, si supone que se ha puesto de manifiesto se tiene que ir deslizándose por el eje de tiempos. Pero cuando va buscar la ordenada del año 40, dicha ordenada no existe, ya que no se ha manifestado.

        Si se supone que en el año 40 no se manifiesta, simplemente se tiene que ir a buscar el porcentaje anual del año 40 a la tabla citada. Se verificará que no existe porcentaje anual. Lo que es totalmente consistente. Por lo tanto, se está completamente en lo cierto.

        Ese porcentaje no se ha manifestado por el legislador.

        La transmisión no es suficiente, bastante, para producir el hecho imponible. En ese instante se tiene que materializar un incremento de valor, al menos, potencial. Si no se materializa el potencial, no se analiza el real.

        Dentro de los 20 años se materializa el incremento de valor potencial. El cual puede ser anulado por el incremento real negativo.

        En el caso de que haya incremento real escaso, si la cuota excede de ese incremento real no hay tampoco hecho imponible.

        En estos momentos, nos guste o no este sistema, con este sistema no se «caza» materialmente a las familias por los fallecimientos.

        Incluso en el caso de que el fallecimiento se produzca dentro de los 20 años, si pueden demostrar que la cuota superó al incremento real, tampoco hay hecho imponible. Para esa demostración, es posible que puedan aplicar el IPC general actualizando los precios.

        Se puede estar de acuerdo con la regulación actual o no. Pero correctamente entendida, como así lo manifestó el Ponente Sr. Fajardo Spínola en la discusión en comisión del Congreso de la LRHL, dicha regulación no impide la cuota CERO (0), incluso cuando pueda haber incremento real después de 20 años. Pero lo relevante es que el legislador no lo ha querido mantener, para no
        «cazar» a las familias con los fallecimiento. Disculpe se en este aspecto soy reiterativo. Las personas tienen su ciclo biológico limitado. Pero no son gravadas sistemáticamente en las transmisiones por fallecimiento.

        Para terminar diré que, en el próximo comentario pondré lo que dijo el Sr. Spínola, que si teclea por internet lo puede encontrar y verificar en la pág. del Congreso de los Diputados.

        Saludos.

  2. Buenas noches:

    Respuesta del Sr. Fajardo Spínola a la enmienda 838 en el la Comisión del Congreso de los Diputados en la tramitación de la LRHL, año 1988.

    «Voy a abreviar e intentaré referirme por lo menos a las enmiendas que considero más importantes, y pido disculpas a los grupos parlamentarios si no me refiero a todas.
    Por ejemplo, la enmienda 838, del Grupo parlamentario de Coalición Popular, pretende la supresión del número 2 del artículo 109, porque dice que es inconcebible que se establezca la presunción” iuri et de iure” de que en toda transmisión de terrenos de naturaleza urbana exista un incremento de valor. Puede que en algunos casos no exista un incremento de valor, señora Rudi, efectivamente, pero si no se da ese incremento de valor, si es cero, la cuota será también cero, es decir, puede haber incluso un decremento desde el punto de vista teórico y es posible pensar en esa posibilidad de un decremento. Por tanto, no vemos de dónde deduce S.S. la imposibilidad de que esa cuota sea cero. Ahora, con esta nueva figura impositiva, con la simplificación y la claridad que introduce el nuevo mecanismo del impuesto, no existe la imposibilidad de que se dé una cuota cero.»

    http://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/DS/CO/CO_362.PDF

    http://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/BOCG/A/A_085-05.PDF

    Aque se puede verificar, en esos enlaces

    Simple. Después de 20 años no hay plusvalía municipal y la cuota es CERO(0).

    El legislador sabía que mantener el 60 % de base imponible y el 30 % de cuota sobre el valor catastral del suelo sería inconstitucional de forma permanente. Las familias serían literalmente «cazadas». Por eso a los 20 años es cero.

    Lo que ha confirmado el Tribunal Constitucional diciendo que la transmisión no es bastante, pues tiene que materializar un incremento potencial que no puede hacerlo a partir de 20 años.

    Saludos.

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