El estado de alarma y las consecuencias del Covid-19 han aumentado un problema que ya existía con anterioridad, el de la okupación ilegal de viviendas, haciéndolo, si cabe, más visible.

Okupación ilegal de viviendas: protocolo de actuación

Se trata de un problema sobre el que no existía un protocolo legal de actuación único que permitiera a los legítimos propietarios recobrar la posesión de una forma inmediata, aunque es pronto para valorar el grado de inmediatez con el que lo conseguirán. La ocupación ilegal de viviendas no es sólo un problema de entidades financieras y de los llamados “fondos buitres”, lo que se ha venido a calificar en los últimos meses como “gran tenedor”, sino también de particulares que tras la okupación de su inmueble deben pasar un largo periplo judicial hasta obtener la posesión.

La presión social y vecinal hizo que a mediados del mes de septiembre la Fiscalía General del Estado dictara una Instrucción única dirigida a todos los Fiscales y encaminada a frenar con la mayor inmediatez posible las okupaciones de inmuebles a través de la medida cautelar de desalojo.

 

Okupación ilegal de viviendas: lesgislación de otros países

Son numerosos los países de nuestro entorno que disponen de vías legales orientadas a la recuperación de la posesión del inmueble ilícitamente ocupado en plazos muy breves. En Holanda es posible recuperar la posesión del bien inmueble si el ocupante no dispone de título y a la denuncia policial se acompaña de aquel que acredite la propiedad. En Alemania y Francia, sus policías están facultadas para desalojar en determinados casos en tan solo 24 y 48 horas, respectivamente. En Italia, es el juzgado el que da orden inmediata a la policía para recuperar la posesión, una vez acreditadas la propiedad del bien y la inexistencia de título por parte del ocupante.

Legislación en España

En nuestro ordenamiento jurídico ya existía la posibilidad de solicitar la medida cautelar de desalojo en el procedimiento penal, por lo que no es ninguna novedad. Por nuestra experiencia durante años en este tipo de procedimientos, podemos aseverar que era una medida solicitada siempre por la parte perjudicada no por el Fiscal. Asimismo, en su gran mayoría la medida cautelar se acordaba cuando se ha tratado de okupaciones de inmuebles de particulares, adoptándose en menor medida cuando los perjudicados eran personas jurídicas.

Novedades

Lo novedoso es que se puede solicitar la medida de desalojo en el momento de interponer la denuncia ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, teniendo éstos instrucciones concretas de actuación en la gestión procedimental de dichas denuncias para que los Fiscales puedan instar de forma inmediata al Juez la medida cautelar de desalojo, incluso cuando el propietario sea una persona jurídica, si consta acreditado el perjuicio directo de la ocupación a vecinos y/o colindantes. Presumiblemente la escasez de medios y el colapso en los juzgados reste posibilidades a la inmediatez que se pretende conseguir. Escasos días después de publicarse esta Instrucción, el Ministerio del Interior dotó a las Fuerzas de Seguridad del Estado de un protocolo de actuación que tiene como objetivo mejorar su respuesta ante las ocupaciones podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. Estaremos ante un delito flagrante cuando se constate la existencia de allanamiento de una primera o de una segunda vivienda, procediéndose de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede.

Si el inmueble okupado no constituye morada de su propietario, ya no estaríamos ante un allanamiento sino ante una usurpación. Para que la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado sea inmediata debe detectarse la ocupación en el momento en que se comete, sino no será posible desalojar el inmueble sin previa autorización judicial previa adopción de la medida cautelar de desalojo en la forma expuesta anteriormente. Para ello se ha puesto en marcha la aplicación gratuita AlertCops para intentar facilitar la denuncia de la okupación en el momento
que se produce.

En todos los casos, si los okupantes de viviendas sufren situaciones de vulnerabilidad, se alertará a las instituciones sociales y asistenciales competentes, en especial si pertenecen a colectivos de especial fragilidad como menores de edad, personas con discapacidad o grupos en condiciones de indigencia o necesidad extremas, para que puedan proveerles de las soluciones residenciales que procedan. Es muy poco el tiempo transcurrido para hacer una valoración de las medidas puestas en marcha, aunque a nuestro entender, si no se complementan con medios para llevarlas a cabo, se minorará al propietario el tiempo de duración del periplo judicial para obtener la posesión, pero no desaparecerá.

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