Seguramente habrás oído que los contribuyentes de mayores ingresos son proclives a cambiar su residencia buscando las comunidades de más baja fiscalidad, y en concreto, la Comunidad de Madrid, a la que se le denomina el “paraíso fiscal” por baja tributación entre otros, en el Impuesto de Patrimonio.

Impuesto sobre el Patrimonio

Analizamos a continuación el alcance de esta afirmación en el Impuesto del Patrimonio.

En qué consiste el Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas (ya sean residentes o no en España). Queda fuera, por tanto, la tributación del patrimonio titular de las sociedades y entidades jurídicas.

Se entiende por patrimonio neto el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular la persona física, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que es titular la persona física al 31 de diciembre de cada año.

Así, el fallecimiento de una persona un día distinto del 31 de diciembre determina que el impuesto no se devengue en ese ejercicio. El caudal relicto se grava como parte del patrimonio de los herederos o legatarios, sin que en ningún caso éstos deban presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el fallecido.

Es un impuesto estrictamente individual, no existe la tributación conjunta, y por tanto cada persona física presenta su declaración de patrimonio declarando los bienes y derechos en el porcentaje que proceda de su titularidad.

El Impuesto sobre el Patrimonio no nació con el fin principal de recaudar sino de conocer los bienes y derechos de las personas físicas para así controlar que los rendimientos generados por dichos bienes y derechos eran correctamente presentados por sus titulares en las declaraciones de la renta anuales.

Es más, a partir del 1 de enero de 2008 se eliminó la obligación de contribuir por el impuesto de Patrimonio, al establecer una bonificación estatal del 100% sobre su cuota íntegra y eximiendo de la obligación formal relativa a la presentación de la declaración, y, en su caso, pago de la deuda tributaria.

Si bien con los efectos de la crisis económica a través del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre:

  • Se restablece, con carácter temporal e inicialmente sólo para los años 2011 y 2012. Si bien, se ha ido prorrogando su aplicación desde entonces para los sucesivos ejercicios posteriores.
  • Se refuerza su carácter extraordinario dirigido a que contribuyan únicamente los contribuyentes con una especial capacidad económica, para lo que se elevó el límite de la exención de la vivienda habitual hasta un importe máximo de 300.000 euros y se fijó el mínimo exento en 700.000 euros.

Es un impuesto que se aplica en todo el territorio nacional si bien su rendimiento está cedido en su totalidad a las Comunidades Autónomas, las cuales pueden asumir amplias competencias normativas para sus residentes sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota (las cuales son compatibles con las establecidas en la normativa estatal y se aplican con posterioridad a éstas).

Si las Comunidades Autónoma no hacen uso de las competencias normativas sobre el Impuesto, se aplicará en su defecto la normativa del Estado.

Quiénes están obligados a declarar el Impuesto sobre el Patrimonio

Están obligados a presentar esta declaración las personas físicas que:

  • Tengan su residencia habitual en territorio español.
  • Siendo contribuyentes del IRPF y de nacionalidad española, tiene su residencia habitual en el extranjero por su condición de miembros de misiones diplomáticas españolas, oficinas consulares españolas, funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular. Y siempre que no tuvieran ya su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición de cualquiera de los cargos indicados.
  • No tengan su residencia habitual en España y sean titulares de bienes o derechos que estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.

Desde 1 de enero de 2015, los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tienen derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.

Cuál es el esquema de liquidación del Impuesto sobre Patrimonio

En primer lugar, se determina el patrimonio bruto, es decir, el valor total de los bienes y derechos de acuerdo con las reglas de valoración para los distintos tipos de bienes y derechos que establece la normativa estatal del impuesto.

Y se descuentan las deudas deducibles (cargas, gravámenes y deudas personales) para concretar el Patrimonio Neto (es decir, la base imponible del impuesto).

En segundo lugar, se reduce de la base imponible el mínimo exento (de 700.000 euros con carácter general salvo que la Comunidad Autónoma haya fijado un mínimo exento específico), para determinar la base liquidable o lo que es lo mismo, el patrimonio neto sujeto a gravamen, al que se aplicará la escala de gravamen, dando como resultado la cuota íntegra.

En tercer lugar, se reduce de la cuota íntegra las reducciones y deducciones estatales, la bonificación por Ceuta y Melilla, y a continuación deducciones y bonificaciones autonómicas, dando como resultado una cuota resultante (a ingresar o cero).

Es en tres fases de la liquidación del impuesto en las que las Comunidades Autónomas tienen competencia normativa para sus residentes: en el importe del mínimo exento para determinar el patrimonio neto que se somete a gravamen; en la escala de gravamen a aplicar; en las deducciones y bonificaciones autonómicas que reducen la cuota íntegra para determinar la cuota resultante del impuesto.

Aplicación de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre el Patrimonio del año 2018

El importe del mínimo exento aplicable en 2018 por los contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio residentes en España fue de 700.000 euros para todas las Comunidades Autónomas, salvo para las siguientes que regularon su propio mínimo exento:

  • En Aragón: el importe del mínimo exento se fija en 400.000 euros.
  • En Cataluña: el importe del mínimo exento se fija en 500.000 euros.
  • En Extremadura: Con carácter general, el importe del mínimo exento se fija en 500.000 euros. No obstante, para los contribuyentes que fueren discapacitados, ese mínimo fue el siguiente:
    • 600.000 euros, si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 33 e inferior al 50%.
    • 700.000 euros, si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 50 e inferior al 65%.
    • 800.000 de euros, si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 65%.
  • En Comunidad Valenciana: Con carácter general, el importe del mínimo exento se fija en 600.000 euros. No obstante, para los contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y para contribuyentes con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, el importe del mínimo exento se eleva a 1.000.000  de euros.

Los contribuyentes no residentes aplican, en todo caso, un mínimo exento de 700.000 euros (cualquiera que sea la Comunidad Autónoma en la que tributen).

La escala establecida con carácter general por la normativa estatal, se aplicó a todas las Comunidades Autónomas en el año 2018, salvo en las siguientes que aprobaron su propia escala de gravamen: Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

La única Comunidad Autónoma que aprobó para el año 2018 deducciones autonómicas fue Galicia (por creación de nuevas empresas, por inversión en sociedad de fomento forestal, por fomento de explotaciones agrarias y por afectación a actividades económicas de bienes inmuebles en centros históricos).

Respecto a las bonificaciones autonómicas de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, fueron aprobadas para el año 2018 por las Comunidades Autónomas, bajo el cumplimiento de requisitos:

  • Aragón, Principado de Asturias y Cataluña (bonificación del 99% de la cuota correspondiente al valor neto de bienes y derechos incluidos en el patrimonio especialmente protegido de contribuyentes con discapacidad);
  • Cataluña (bonificación del 95% de la parte de la cuota correspondiente a propiedades forestales);
  • Islas Baleares (bonificación del 90% de la parte de la cuota minorada correspondiente a bienes de consumo cultural);
  • Comunidad Autónoma de La Rioja (bonificación general del 75% sobre la cuota resultante si ésta es positiva).
  • Comunidad de Madrid (bonificación general del 100% de la cuota minorada si ésta es positiva). Lo que a efectos prácticos genera que los residentes en la Comunidad de Madrid no pagarán cuota por el Impuesto sobre el Patrimonio, cualquiera que sea el valor de su patrimonio en el año 2018.

Se puede concluir que la clave no es tanto que la Comunidad de Madrid sea o no «un paraíso fiscal», sino que partiendo de que el Impuesto sobre Patrimonio es un tributo con normativa estatal, y por tanto, con las mismas reglas para todos a la hora de determinar el patrimonio neto sometido a gravamen, es el uso o no de la competencia normativa de cada Comunidad Autónoma, la que genera la desigualdad enorme entre Comunidades, provocando que se pague más o menos por un mismo patrimonio dependiendo de dónde se resida.

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