El Tribunal Supremo ha declarado recientemente como abusivo que las entidades bancarias establezcan una clausula de comisión por descubierto en una cuenta si no están prestando servicios que justifiquen dicha comisión. 

¿Qué es la comisión por descubierto y la comisión por posiciones deudoras?

Este tipo de comisiones se cobran por cada situación de impago de préstamo o crédito, así como por cada descubierto que se produzca en cuenta a la vista. 

Incluso, puede darse la situación de que debido al retraso en el pago de la cuota de un préstamo o crédito, la cuenta se quede en descubierto (números rojos) y la entidad además de cobrar el correspondiente interés de demora por el retraso en el pago de la cuota, cobre también dos comisiones: comisión por descubierto de la cuenta, y comisión por posición deudora del préstamo. Es decir, un mismo hecho se ve sancionado hasta en tres ocasiones: interés de demora y dos comisiones. 

Las comisiones bancarias resultan un aspecto decisivo a la hora de contratar una cuenta corriente, un préstamo hipotecario o crédito, o un préstamo personal, aunque no siempre es sencillo conocer los derechos como consumidor de estos productos. Un aspecto clave es saber distinguir entre las comisiones que son indebidas y las que no.

STS nº 566/2019, de 25 de octubre

El pasado 25 de octubre de 2019, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado recurso de casación de la entidad Kutxabank contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava y ratifica Sentencia en Primera Instancia que obligaba a la entidad a eliminar dicha cláusula de las condiciones generales del contrato.

La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio  sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios de pago.

Para el Tribunal Supremo, la cláusula no cumple con la normativa bancaria sobre comisiones conforme a la cual, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes, deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente.

Bajo estas dos premisas, “las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio”.

Para la Sala, la cláusula no cumple estas exigencias, ya que prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática, además de no discriminar periodos de mora, basta que no se pague una cuota para que se devengue la comisión, además de aplicar intereses moratorios. Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Supremo se basa en la doctrina del TJUE, en concreto en STJUE de 3 de octubre de 2019, asunto C-621/17, donde se establece que “el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen”.

A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, referida a una denominada “comisión de riesgo”, declaró que “una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva”.

Texto Refundido de Ley General de Consumidores y Usuarios

Precisamente, la indeterminación de la comisión es lo que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, «sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto”. Esto infringiría lo previsto en los artículos 85.6 y 87.5 TRLGCU, referidos a indemnizaciones desproporcionadas y cobro de servicios no prestados.

Además, también podría incurrir en la prohibición prevista en el artículo 88.2 del TRLGCU, la imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante, ya que se traslada al consumidor la obligación de probar que no ha habido gestión o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias.

Desde Gestbanking animamos a cualquier cliente que pueda estar sufriendo este tipo de cobro de comisiones indebidas, a ponerse en contacto con nuestro equipo, les ofreceremos un asesoramiento profesional para ejercer sus derechos.

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