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El pasado 11 de mayo celebramos nuestro webinar ‘Indemnización por las pérdidas sufridas por el cierre de negocios del primer estado de alarma’. De este interesante debate, moderado por Ángel Cardo, de abogados CE; y liderado por Luis Angulo y Carmen Linares, CEO y abogada de Angulo Abogados, sacamos algunas e importantes conclusiones que analizamos a continuación. La primera de ellas es afirmar que, efectivamente, el ordenamiento jurídico español garantiza a los titulares de las actividades consideradas no esenciales por el art.10.4 de dicho RD, es decir:

  • Hostelería.
  • Restauración.
  • Actividades comerciales.
  • Actividades recreativas.
  • Actividades culturales o de juego.

Que puedan obtener una indemnización que les compense los ingresos no percibidos durante el periodo de tiempo en que estuvieron forzados a permanecer sin actividad. Es decir, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio posterior.

El fundamento jurídico se encuentra en…

  • En el art. 33.3 de la Constitución, que impone el deber de indemnizar a quienes sufran cualquier privación de derechos en interés de la Comunidad. Es evidente que los titulares de actividades consideradas no esenciales afectados por el cierre, al haberse encontrado privados de su derecho de  libertad de empresa para evitar la propagación del virus, en beneficio de la salud de todo el país, gozan de tal derecho indemnizatorio.
  • En el artículo 3.2 de la LO 4/1981 reguladora del estado de alarma, que remite a las leyes para indemnizar a “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables”. 

Al remitir tal precepto a las leyes, hemos escogido de entre las herramientas indemnizatorias que existen en nuestro derecho administrativo, la que hemos considerado más efectiva para obtener un pronunciamiento que declare el derecho a una indemnización que compense las pérdidas de ingresos durante el periodo de cierre. 

¿Qué procedimiento elegir?

El procedimiento elegido por este despacho se caracteriza por lo siguiente: 

  • Aunque no es el más usualmente utilizado en materia indemnizatoria de privación de derechos, es el más efectivo en este novedoso caso, y existen precedentes jurisprudenciales en supuestos similares que avalan su éxito. 
  • Evita que se oponga frente al derecho a obtener la indemnización,  argumentos que en otros procedimientos representaran un obstáculo a su  obtención,  como lo es la fuerza mayor, es decir, que la pandemia ha sido un hecho imprevisible para el Gobierno, y que  por tanto existe en todo ciudadano el deber jurídico de soportar las consecuencias que conllevan las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus.     

¿Cómo se cuantificaría el importe a reclamar por cada afectado?

Como, a diferencia con el lucro cesante, la indemización lo que pretende es la íntegra compensación de los perjuicios ocasionados al afectado, en este caso compensar las pérdidas o ingresos dejados de percibir desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020, deben considerarse los ingresos brutos que el reclamante obtuvo en ese mismo periodo durante el año anterior 2019, pues no puede obviarse, que durante el periodo de cierre los gastos inherentes a la actividad (tales como arrendamientos, suministros, limpieza, tasas, nóminas etc.), los ha soportado el interesado (si bien algunos afectados en menor medida) pero sin obtener ingresos. 

Los ingresos brutos a considerar dependerán de cada caso concreto,  pues habrá supuestos en que bastará con acoger los obtenidos durante ese periodo de tiempo del 2019, y, sin embargo, habrá otros, en que deberá acogerse la media de los ingresos obtenidos en el repetido periodo de tiempo de los años 2017, 2018 y 2019 por resultar un importe considerablemente mayor al obtenido acogiendo sólo los obtenidos en el 2019.     

En el supuesto en que el interesado haya tenido menores gastos en ese periodo de tiempo de cierre, respecto al habido en el 2019, o en la media de los tres años anteriores en su caso, habrá que aminorar los ingresos brutos que se hayan considerado con la diferencia de gastos habida, para evitar un enriquecimiento injusto.

Del mismo modo, deberán ser aminorados los ingresos brutos de los que se parta, con todo tipo de ayuda que haya percibido el reclamante para compensar las pérdidas habidas durante el periodo de cierre. 

¿Qué procedimientos se deben seguir para obtener el derecho a la indemnización?

  1. En primer lugar habrá que interponer reclamación en la vía administrativa ante el Ministerio de la Presidencia, la cual debería resolverse en el plazo de 6 meses. 
  2. Recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, procederá interponerlo cuando transcurra dicho plazo sin resolverse el anterior recurso (que será lo que seguramente ocurra), o bien si se dicta resolución desestimatoria del mismo.
  3. Recurso ante el Tribunal Supremo que deberá interponerse en el caso de que la Audiencia Nacional dicte sentencia desestimatoria del anterior recurso.
  4. Recurso ante el Tribunal de Justicia de Unión Europea, que deberá interponerse, si se desestima el antedicho recurso de casación.  

¿Puede existir condena al pago de las costas en caso de desestimación del recurso en cualquiera de los tribunales a los que hay que acudir?

Consideramos que LO MÁS PROBABLE ES QUE ELLO NO OCURRA, pues según el art. 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, no cabe imponerlas cuando el caso presente dudas de hecho o de derecho. Así, como estamos en presencia de un caso insólito y de suma complejidad jurídica, no cabría hacer condena en costas, con lo cual cada parte abonaría los gastos que le corresponde. Otro argumento mas en contra de la  imposición de las costas al recurrente, es que resultaría sumamente antisocial imponerlas al que se ha visto obligado a acudir a los tribunales por ser el ciudadano que ha sacrificado su negocio por la salud de los demás. 

¿Tu negocio ha estado cerrado desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio del 2020? 

Si es así, puedes obtener una indemnización del Gobierno que cubra todas las pérdidas que has tenido en ese periodo, a través de una reclamación que te prepararemos en Abogados CE Consulting. Te animamos que te acojas a ella por las siguientes razones: 

A.- Se trata de una reclamación rigurosamente estudiada y que deberá presentarse de modo individual por cada afectado en atención de sus concretas circunstancias antes del 21 de junio de 2021.

B.- La cantidad a reclamar se basará en un informe pericial, que cuantificará los ingresos no obtenidos en ese periodo en atención de la siguiente formula:

C.- Desestimada la reclamación, ese mismo informe servirá para fundar los distintos recursos contenciosos administrativos que deban interponerse hasta la obtención del derecho indemnizatorio. 

D.- Los precios fijados por nuestros abogados son prácticamente de costo, para que puedan beneficiarse el mayor número de afectados posible.

E.- Ante la avalancha de reclamaciones que se vaticinan, existe la posibilidad de que el Gobierno articule algún mecanismo indemnizatorio para los que hayan decidido reclamar, por lo que si no reclamas, de nada de ello podrás beneficiarte. 

 

Conclusiones del webinar: ‘Indemnización por las pérdidas sufridas por el cierre de negocios del primer estado de alarma’

Aunque el proceso hasta la obtención de la indemnización posiblemente será largo, creemos firmemente que deberá prosperar el derecho a obtener una indemnización que compense las pérdidas sufridas por los titulares de negocios que han estado cerrados durante el Estado de Alarma, pues han sido éstos los que de un modo sangrante se han sacrificado por el interés general. En caso de que ello así no fuera, resultaría que valen menos los derechos de los que se han sacrificado que de los beneficiados por el cierre, lo que no tiene cabida en nuestro derecho.

Y, ante la gran avalancha de reclamaciones que se vaticinan, algunos especialistas en estos casos prevén que el Estado puede que articule algún tipo de ayuda o indemnización extraordinaria si se desiste de los procedimientos, por lo que, en cualquier caso, lo cierto es que quien decida no reclamar de nada de ello podrá beneficiarse.

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