La decisión, de 6 de noviembre, de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de cargar al cliente el pago del IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), rectificando la anterior doctrina marcada en la Sentencia del TS de 16 de octubre y otras dos siguientes de la misma Salaha generado una avalancha de reacciones.

La primera de todas, ha sido una crítica generalizada al Tribunal Supremo por la inseguridad jurídica generada. Pero, sobre todo, por la consideración, en la mayor parte de la ciudadanía, de que el Alto Tribunal se ha posicionado a favor de la banca, desprotegiendo a los ciudadanos. La segunda reacción fue la decisión del presidente Sánchez, por Decreto Ley, de especificar y aclarar en la normativa del Impuesto que, a partir de ahora, es el banco el sujeto pasivo en la constitución de la hipoteca y quien tiene la obligación de hacerse cargo del pago de este impuesto.

Y, mientras la banca vuelve a obtener subidas en Bolsa y se debate cómo conseguirán cargar el pago del impuesto a los ciudadanos mediante la subida de otros conceptos del préstamo hipotecario, Antonio Olaya, director de CE Consulting Huelva Centro y abogado especialista en temas bancarios, analiza en Teleonuba la decisión del Tribunal Supremo.

El pago del IAJD: ¿asunto resuelto?

Antonio Olaya llama a la prudencia ante la decisión del Pleno de la Sala 3ª del TS sobre el pago del IAJD por el cliente, ya que el debate y la cuestión no están zanjados. “Por el momento, lo que hemos visto es una nota informativa del Pleno del TS. No tenemos la resolución ni conocemos cómo se ha fundamentado”, argumenta Olaya para invocar algo de calma ante las críticas que el Tribunal Supremo está recibiendo.

Debe tenerse en cuenta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo no es la única del Tribunal Supremo que se ha posicionado sobre el tema:

  • En diciembre de 2015, una Sentencia de la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo resolvía que era el banco quien debía hacerse cargo del pago del impuesto al ser el principal beneficiado de la constitución del gravamen.
  • Dicha doctrina, sin embargo, se rectificó a principios de 2018, por el mismo Tribunal, tras haber recaído otras Sentencias en la Sala 3ª en la que se exoneraba a los bancos del pago del IAJD en detrimento de los clientes.
  • Ha sido en octubre cuando esa doctrina de la Sala 3ª ha sufrido un giro radical al dictarse hasta tres Sentencias que declaraban nulo el párrafo segundo del artículo 68 del reglamento del impuesto, obligando a los bancos al pago del IAJD.

Finalmente, a principios de noviembre, el Pleno de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo hizo pública una nota informativa en la que expresaba su decisión de que sea el cliente quien se haga cargo del pago del IAJD. Tendremos que esperar a analizar los fundamentos de derecho para poder emitir una opinión y un informe.

Contencioso – Administrativo vs Civil: ¿es relevante la Sala?

Pero, este vaivén de salas ¿tiene relevancia para los consumidores? Antonio Olaya destaca que la inminente Sentencia del Pleno pertenece a la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo, mientras que las reclamaciones de los consumidores van a la Sala 1ª de lo Civil. Y esta distinción, asegura, es muy relevante.

“Lo que pedimos por vía civil es la nulidad de la cláusula en la que los bancos imponen todos los gastos al cliente: notaría, registro, impuesto, tasación y gestoría. Por ese lado no ha cambiado nada. Una vez se declare nula la cláusula, intentaremos que sea el banco quien pague el impuesto”, explica el director de CE Consulting Huelva Centro. Pero, lo primero y necesario, es conseguir que se declare nula la precitada cláusula completa.

Para Antonio, las expectativas por la vía civil son muy buenas porque ya hay Sentencias de la Sala 3ª del TS que declaran nulidad del artículo 68.2 del reglamento del IAJD, por lo que no se puede aplicar, y el Decreto Ley aprobado por el Gobierno refuerza esa nulidad.

Lo fundamental es pedir la nulidad de las cláusulas por vía civil

Otro punto destacable es que cuando se habla del plazo de prescripción de 4 años, eso afecta únicamente a la devolución del impuesto como ingreso indebido por parte de Hacienda. Sin embargo, la reclamación de la nulidad radical de las cláusulas abusivas que las entidades financieras colocan a los clientes en sus contratos es imprescriptible y apreciable de oficio, según señala Antonio Olaya.

¿Qué proceso debe iniciarse para la reclamación?

En este punto, lo recomendable es que el consumidor inicie una reclamación para conseguir la nulidad de la cláusula completa, siguiendo estos pasos:

1.- Reclamación extrajudicial fehaciente, por escrito, a través de un abogado especialista en derecho bancario.

2.- En caso de no contestación en un plazo prudencial o denegación de la reclamación por el banco, iniciar una demanda de procedimiento ordinario por la vía civil.

“Estamos igual que hace un año. Aplicando la ley como está hoy, una vez se declare nula la cláusula, al cliente tendrían que devolverle el impuesto”, concluye el director de CE Consulting Empresarial Huelva Centro.

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