Tras la inseguridad jurídica creada por el anuncio del presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de reunir al Pleno de la Sala para unificar una doctrina respecto a quién debe hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, Antonio Olaya, abogado y director de Gestbanking, arroja luz en este artículo sobre en qué momento nos encontramos.

El Pleno del Tribunal Supremo unificará doctrina sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados¿Qué supone la nueva Sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?

El origen de esta situación no es otro que el propio Tribunal Supremo. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia reciente, cambiaba su anterior criterio y establecía que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava la constitución de las hipotecas corresponde abonarlo a las entidades prestamistas, no a los clientes prestatarios.

El fundamento básico esgrimido por el Alto Tribunal es que son las entidades que prestan el dinero las verdaderas interesadas en que el préstamo se garantice con una hipoteca sobre un inmueble. Por ello, obligan al cliente a la constitución del gravamen si quiere este disponer del dinero prestado. Su fin es tener un título ejecutivo y una garantía segura en caso de impago.

Esta operación implica que, para poder constituir dicha hipoteca, es necesario elevar a público la operación de préstamo en escritura e inscribirla en el Registro de la Propiedad, lo que genera el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Impuesto que según la sentencia deben asumir las entidades acreedoras.

Debe tenerse en cuenta que la formalización en escritura pública y la inscripción en el registro de la propiedad son requisitos inexcusables para la constitución del derecho real de garantía hipotecaria, pero no así para la perfección de un contrato de préstamo. Esto es fundamental para entender que en esta sentencia el Alto Tribunal considere inequívocamente como el beneficiado del derecho real de hipoteca al acreedor, quien con la intervención notarial y registral refuerza la protección de su derecho de crédito con ventajas substantivas y procesales.

¿Qué implicaciones tiene la nota informativa emitida el pasado viernes 19 por el presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo?

El motivo fundamental, en nuestra opinión, de la emisión de la nota fue tranquilizar a los agitados mercados, creando un poco de incertidumbre, al respecto de quién finalmente deberá hacerse cargo del pago del impuesto cuando se constituya una hipoteca.

Desde algunos medios se ha considerado esto como una revisión de la sentencia de la Sala Tercera. Pero esto es imposible, ya que se trata de una resolución firme, contra la que no cabe demanda de revisión. Esto es así porque los Magistrados del Alto Tribunal, al dictar la sentencia, actuaron con total independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al caso.

Por tanto, la nulidad del artículo 68.2 del RD 828/1995, principal argumento que tenían los bancos y los Tribunales para hacer que el prestatario pagase el meritado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, es firme y no hay marcha atrás.

El objetivo: unificar doctrina

Realmente, la nota lo único que informa es que, por decisión del presidente de esa Sala Tercera del TS, a partir de ese momento, los recursos interpuestos y no resueltos, en relación al sujeto pasivo en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al constituir una hipoteca, se avocarán o verán por el Pleno de la Sala para unificar doctrina, simple y llanamente.

Que esto suponga un nuevo cambio respecto al criterio establecido en la sentencia dependerá de lo que se decida el próximo 5 de noviembre. El Pleno de la Sala Tercera no puede, como ya hemos explicado, revisar la sentencia pero sí puede dictar una nueva resolución con otros argumentos y fundamentos, sin invocar el susodicho artículo 68.2 del RD 828/1995.

Sería deseable, pues, que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el próximo 5 de noviembre confirme el mismo criterio de las antedichas Sentencias, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y la defensa de los consumidores y usuarios proclamada por el artículo 51 de la Carta Magna.

Hipotecas, gastos y reclamaciones

Y toda esta situación, ¿cómo afecta a los consumidores? A continuación os detallamos qué gastos relacionados con las hipotecas pueden reclamar los usuarios y los pasos para llevar a cabo dicha reclamación.

Gastos de formalización de las hipotecas que se pueden reclamar

Tras esta resolución esperamos que los Tribunales de lo civil vuelvan a cambiar también su criterio, en la línea de lo establecido por la STS, Pleno Sala 1ª, nº 705/2015, de 23-12-15, y concedan la nulidad de las cláusulas sobre gastos de formalización de los préstamos hipotecarios incluyendo el referido Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

De esta forma, actualmente, los gastos de formalización que podrían reclamarse serían:

  • Tasación del inmueble.
  • Honorarios de la Notaria autorizante.
  • Honorarios del Registro de la propiedad.
  • Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
  • Gestoría tramitadora.

¿Cómo se pueden reclamar los gastos de formalización de las hipotecas?

Para poder conseguir que el banco devuelva los gastos de formalización de un préstamo hipotecario, es necesario primero que se declare nula la cláusula por la que imponen al cliente el pago de esos gastos. Para ello deben aportarse todos los justificantes o facturas de esos gastosasumidos por el prestatario.

El mecanismo sería enviar primero una reclamación extrajudicial al banco y, si no se atiende o se deniega, interponer una demanda de procedimiento ordinario en la jurisdicción civil. Esta demanda no prescribe, ya que se solicita la nulidad radical o absoluta de dicha cláusula. En este apartado tendríamos que distinguir las reclamaciones que puedan efectuar los consumidores de aquellas que puedan realizar las empresas o profesionales no consumidores, porque los argumentos y fundamentación deberían ser distintos.

Así mismo, en relación sólo al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, no al resto de gastos, y con independencia de que el cliente sea consumidor o empresario profesional, si no han transcurrido más de cuatro años desde la liquidación, hoy por hoy, se puede solicitar a la Hacienda Autonómica la devolución de ese ingreso indebido, al haberse declarado nulo el artículo 68.2 del reglamento del IAJD y considerarse que el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista.

Para terminar, debemos analizar, uno por uno y detenidamente, aquellos casos de clientes que:

  • Ya han iniciado procedimiento y no solicitaron la devolución del IAJD
  • Tienen Sentencia firme declarando la nulidad de la cláusula de gastos a cargo del prestatario, distinguiendo si pidieron la devolución del IAJD o no
  • Tienen Sentencia, pero no son firmes, por estar en fase de recurso o ya recurridas.

En todos los casos, aconsejamos acudir a un abogado o bufete especialista en derecho bancario al ser temas de bastante complejidad.

 

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