El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, que afectan a diversas leyes con un denominador común: la vivienda. Estas medidas urgentes para el alquiler entran en vigor el 19 de diciembre de 2018, y sus novedades principales son las siguientes.

Aprobadas por el Gobierno una serie de medidas urgentes para el alquiler

Arrendamientos

Mayor duración de los alquileres

Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.

Se alarga el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Es el plazo por el que se amplía el contrato, una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si el arrendador o el arrendatario no manifiestan su voluntad de no renovarlo.

Limitación de otras garantías

Además de la fianza (de una mensualidad), el arrendador no podrá exigir al nuevo inquilino otras garantías o avales que excedan dos mensualidades de la renta.

Los gastos de la inmobiliaria

Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler serán a cargo del arrendador – cuando este sea persona jurídica – salvo en el caso de aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario.

Rebaja de impuestos

Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

En materia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuando el arrendador sea un ente público, se podrá eximir al inquilino del pago de este impuesto.

También se podrá establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.

Ley sobre Propiedad Horizontal

Pisos turísticos

Permite a las comunidades de vecinos limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Una medida que solo se aplicará a nuevos pisos turísticos y no a los ya existentes porque “no tiene carácter retroactivo”.

Accesibilidad de los edificios

Para estimular las obras de conservación y reparación, y las de adaptación o mejora de la accesibilidad de los edificios, se aumenta, en un plazo de tres años, el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, al 10 por ciento del último presupuesto ordinario.

Se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% de su importe.

Desahucios

Desahucios en hogares vulnerables

En los casos de los desahucios de familias con menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, los jueces notificarán los inicios de los procesos de desahucio a los servicios sociales.

Estos emitirán un informe y, si alertan de que las personas que van a ser expulsadas de su hogar se encuentran en situación de vulnerabilidad, se abrirá una prórroga al desahucio de un mes (o de dos cuando es una persona jurídica la que solicita el lanzamiento) para buscar una solución como alternativa habitacional.

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