Al comprar un inmueble sujeto al impuesto de Transmisiones Patrimoniales, se suele declarar como valor para el cálculo de dicho impuesto, el establecido como precio en la escritura de compraventa.

Si bien, puede ocurrir que la Administración considere que ese valor no es “de mercado” y realice una comprobación del valor real del inmueble, a través del cálculo que posibilita la Ley General Tributaria. Este cálculo consiste en multiplicar el valor catastral por un coeficiente del municipio – que se haya establecido previamente en una orden de su Comunidad Autónoma – aumentando de este modo, el impuesto a pagar.

Método inadecuado

Pues bien, en una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que este método de comprobación del valor real del inmueble no es ni idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración. Así, exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que considera que el valor declarado no se corresponde con el valor real.

Además, deja claro que el contribuyente no es el obligado a acreditar que el valor declarado coincide con el valor real, sino que es la Administración la que deberá probar esa falta de coincidencia.

 

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